La presente ley tiene por objeto identificar, consolidar y unificar de manera eficiente en los niveles nacional y territorial las entidades y medidas legales y administrativas existentes contra cualquier forma de violencia de género a través de la articulación del Sistema Integral de Apoyo a la Mujer y a la Menor en Situación de Maltrato, de forma tal que este se constituya en el mecanismo rector oficial y permanente para la prevención y protección contra el abuso de que son o llegaren a ser víctimas las mujeres de cualquier edad y condición.
Dos expresiones describen el estado de la política estatal para enfrentar y resolver el grave problema de la violencia contra las mujeres y las niñas en Colombia: responsabilidad difusa y normatividad ineficaz.
La violencia intrafamiliar se constituye en un problema social de gran magnitud que aqueja de forma regular a amplios segmentos de la población. Las mujeres, los menores y los ancianos de ambos sexos son los grandes afectados. La violencia al interior de la familia es un comportamiento aprendido, consciente y deliberado, producto de una estructura social que se ha basado en la inequidad. Los fenómenos de violencia dentro de la familia resultan de una relación de poder desigual, que es practicada por quienes sienten que tienen el derecho de intimidar y controlar a otros.
Según el diario El Tiempo: Los asesinatos motivados por condición de género en Colombia arrojan cifras escalofriantes. Haciendo a un lado las muertes y lesiones en combates, entre el 2002 y el 2009 hay registro oficial de un promedio de 245 casos diarios de violencia contra las mujeres. En el 50 por ciento de estos hechos, los agresores eran personas conocidas por ellas, y, peor aún, en el cuarenta por ciento de los episodios de mujeres asesinadas ¿11.976 en el mismo lapso¿, el homicida fue su pareja o un familiar. El hogar se perfila como el lugar más inseguro para ellas: cada 10 minutos hay un caso de violencia.
En ese orden de ideas, con las disposiciones contenidas en el proyecto se pretende articular el Sistema Integral de Apoyo a la Mujer y a la Menor en Situación de Maltrato, de forma tal que este se constituya en el mecanismo rector oficial y permanente para la prevención y protección contra el abuso de que son o llegaren a ser víctimas las mujeres de cualquier edad y condición, teniendo en cuenta que aunque existen normas específicas que determinan competencias y responsabilidades y se han creado o identificado en cabeza de autoridades existentes una gran cantidad de funciones y deberes en materia de detección, evaluación, ocurrencia y adopción de medidas estatales contra la violencia y el maltrato de que ellas son víctimas permanentes, lo cierto es que su eficacia es discutible y las lesiones, las agresiones, los homicidios y todas las formas de acoso siguen en su mayoría ocultas o desatendidas por falta de acciones concretas que castiguen a los culpables, protejan a las víctimas y modifiquen los paradigmas sociales frente a la permisividad y la violencia de género.
